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El adoctrinamiento y II

Albert Rivera enarbolando y mostrando con una estúpida sonrisa un mapa de las lenguas europeas en el que, lógicamente, aparecen en el mismo color amarillo Cataluña, el País Valenciano, las Baleares, y el resto de territorios en los que se habla catalán; Xavier Pericay, diputado de Ciudadanos en el Parlamente balear, llamando “adoctrinamiento pasivo” a la inmersión lingüística y remitiendo, junto a su compañera de grupo parlamentario Olga Ballester, al Defensor del Pueblo un “informe” sobre el supuesto adoctrinamiento que se hace en Baleares desde los centros educativos. Todo esto forma parte de la campaña que ese partido político tiene en marcha desde hace tiempo contra el abuso según ellos del catalán que en el fondo es sencillamente contra su mero uso.

Como hace unos días publiqué unas reflexiones sobre lo que entendía por adoctrinamiento y sobre su práctica, quiero detenerme ahora sobre este tipo de campañas que tanto daño hacen tanto al sistema educativo como a muchos profesores.

Empezaré citando el Estatuto de las Islas  Baleares:

Articulo 4. La lengua propia

1. La lengua catalana, propia de las Illes Balears, tendrá, junto con la castellana, el carácter de idioma oficial.

 2. Todos tienen el derecho de conocerla y utilizarla, y nadie podrá ser discriminado por razón del idioma.

3. Las instituciones de las Illes Balears garantizarán el uso normal y oficial de los dos idiomas, tomarán las medidas necesarias para asegurar su conocimiento y crearán las condiciones que permitan llegar a la igualdad plena de las dos lenguas en cuanto a los derechos de los ciudadanos de las Illes Balears.

Para los posibles malpensados hay que recordar que este texto fue aprobado cuando en el Parlament tenía mayoría absoluta el Partido Popular y que esas “condiciones que permitan llegar a la igualdad plena” se refieren a las que había que facilitar a la lengua catalana en clara situación de minoría.

Cualquiera que pasee por las calles de Palma, ciudad que acoge a la mitad de la población de Mallorca, o de Calvíà, el municipio más poblado tras la capital, podrá constatar cosas tan evidentes como las siguientes:

La inmensa mayoría de los comercios están rotulados en castellano, lengua en la que normalmente se dirigirán al que entra. Si se acerca a un quiosco de prensa se encontrará con un amplio abanico de diarios, nacionales y locales, en castellano. Si le apetece tomar un aperitivo o comer en un restaurante, las pizarras donde se anuncian los productos y las cartas también estarán redactadas en castellano. Puede querer ver una película en alguno de los cines que existen, el doblaje, o los subtítulos en los raros casos que se dan, están también en esa lengua. Cuando ya en casa ponga la televisión, se dará cuenta de que salvo IB3 todas las demás cadenas emiten en castellano. Podría hacer la lista mucho más extensa, pero creo que ya es una muestra significativa y demostrativa de que se puede vivir perfectamente aquí conociendo solo el castellano.

¿Sucede lo mismo con el catalán? Recuerdo que, según lo visto en el artículo 4 del Estatuto, es la lengua propia de las islas. Evidentemente no. Recogeré una situación real y otra teórica. Las dos últimas veces que hemos ido al supermercado de El Corte Inglés, mi mujer ha pedido “vuit bosses”; en la primera ocasión tuvo que repetirlo hasta tres veces y en la segunda directamente traducirlo a “ocho bolsas”. Pensemos ahora en una situación teórica en la que por un caso de enfermedad haya que acudir a un centro de la sanidad pública; allí puede que sí sea atendido en catalán  o puede que no.

Conclusión: se puede ser monolingüe en castellano y vivir sin ningún problema en un territorio en el que el catalán es la lengua propia y tiene carácter de cooficial con el castellano, pero no está garantizada la misma situación si se fuese monolingüe en catalán (algo que, por otra parte, no sucede porque los catalanoparlantes son bilingües en su práctica totalidad lo que no sucede con los castellanoparlantes).

Esta situación es, precisamente, la que se trata de corregir con las políticas de inmersión lingüística que permiten que un alumno pueda terminar sus estudios con un conocimiento suficiente de ambas lenguas que permita, y hay que insistir en ello hasta la extenuación, a los catalanoparlantes ejercer el derecho a usar su lengua tal y como se lo reconoce el artículo antes citado.

Pues bien, este simple ejercicio de la más elemental  justicia y del cumplimiento de la ley es lo que indigna tanto a un partido como Ciudadanos, hasta el punto de intentar fomentar denuncias por lo que ellos consideran casos de adoctrinamiento. Para ello cuentan con quienes funcionan como comisarios políticos, por ejemplo sacando fotos de un cartel puesto por un sindicato de estudiantes o grabando conversaciones con profesores para luego hacer una denuncia que siempre acaba en nada. O por lo menos quedan en nada judicialmente, porque antes ya se ha encargado el medio afín, en este caso el diario El Mundo, de darles la cancha necesaria para poder hablar del tema.

Para terminar, mencionaré algo de mi experiencia personal. Desde que se aprobó la ley de normalización lingüística, también con un gobierno del Partido Popular, las clases de Ciencias Sociales en la ESO debían ser impartidas en catalán Durante años he incumplido esa norma pues, aunque tengo el reciclaje en esa lengua, no tengo la capacidad oral necesaria. Nunca en todos esos años, ni con gobiernos del PP ni con gobiernos del Pacto (en los que había nacionalistas de esos a los que tanto desprecian desde Ciudadanos) nadie me ha dicho nada y eso que era de dominio público y conocido también por la inspección educativa. Ahora, sin embargo, proponen que se establezca una Agencia de la inspección que vele por el buen desarrollo del castellano. Todo parecería una broma de mal gusto si no fuese porque cada vez hay más medios que se apuntan al carro con tal de atacar a los adversarios políticos.